Santo Domingo Este está repitiendo, a mayor escala y velocidad, el mismo modelo de desarrollo desordenado que convirtió al Distrito Nacional en un territorio casi invivible. Lo que antes era una advertencia se ha convertido en realidad palpable: inundaciones crónicas, colapso vial permanente, escasez de agua y pérdida de calidad de vida. Ahora, ese caos se expande hacia el este del río Ozama, multiplicado por la cantidad de torres que se levantan sin control.
El espejo del Distrito Nacional: un aviso que no se atendió
En poco más de dos décadas, el Distrito Nacional pasó de ser el corazón moderno de la capital a un ejemplo de saturación urbana. La proliferación desmedida de torres generó cientos de miles de vehículos adicionales sin que las vías principales pudieran absorberlos. Embottellamientos interminables, contaminación asfixiante y una movilidad colapsada son ahora la norma.
Las inundaciones se agravaron por la impermeabilización masiva del suelo, que redujo la recarga de acuíferos y aumentó el escurrimiento superficial. Hoy, una lluvia moderada paraliza barrios enteros.
Santo Domingo Este: el mismo patrón, pero multiplicado
Este boom se reproduce en Santo Domingo Este con mayor intensidad, en zonas como Avenida San Vicente de Paúl, Carretera Mella, Avenida Venezuela, Invivienda y expansiones hacia el Este. Cada torre nueva aporta cientos de vehículos adicionales a un sistema vial ya saturado, amenazando con un colapso más grave y rápido.
Amenaza silenciosa sobre los acuíferos y el recurso hídrico
La construcción masiva reduce la infiltración de agua lluvia, dispara la demanda de agua potable y presiona los acuíferos vulnerables. Las inundaciones serán peores ante un drenaje insuficiente y lluvias más intensas por el cambio climático.
La raíz del problema: corrupción, festín de permisos, nepotismo y ausencia de contrapesos institucionales
El problema de fondo es profundo. Existe un festín de permisos en el que suelos se aprueban con facilidad sospechosa. La corrupción en la otorgación de licencias de construcción y cambios de uso de suelo prioriza intereses económicos sobre el bien común. A esto se suma la posible entrada de capitales de dudoso origen, incluyendo dinero de lavado de activos, que acelera el ritmo de construcción y distorsiona el mercado.
Esta situación se agrava por decisiones políticas cuestionables. La actual administración cuenta con una persona completamente incapacitada para dirigir la planificación urbana, vinculada familiarmente a quienes manejan temas relacionados en el gobierno central. Este tipo de designaciones por afinidad familiar, en lugar de por competencia técnica, incrementa dramáticamente el problema y erosiona la credibilidad de cualquier esfuerzo de ordenamiento.
A esto se suma un CODIA (Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores) inoperante, que debería velar por la calidad técnica, la ética profesional y el cumplimiento de normas en las construcciones, pero que ha mostrado poca efectividad real en frenar irregularidades. Igualmente grave es la ausencia o debilidad de autoridades ambientales activas y fiscalizadoras, que dejan sin contrapeso real los impactos sobre acuíferos, drenaje y medio ambiente.
Aunque el caos urbano que se avecina es perfectamente evitable, no parece tener solución inmediata por la falta de voluntad política. Las autoridades priorizan el corto plazo —recaudación, imagen de “progreso” y beneficios particulares— por encima de la sostenibilidad. La Ley 368-22 existe, pero su aplicación es débil y selectiva.
Se construye primero y se “arregla” después… o nunca.
Urge actuar antes de que sea tarde
Santo Domingo Este aún tiene una ventana de oportunidad. Es necesario:
- Aprobar e implementar de inmediato un Plan de Ordenamiento Territorial integral y participativo.
- Realizar evaluaciones de impacto acumulativo serias.
- Exigir a los desarrolladores compensaciones reales (vías, retención de aguas, parques y drenaje).
- Establecer límites claros de densidad según capacidad vial e hídrica.
- Fortalecer la fiscalización, transparentar los procesos de permisos, profesionalizar los cargos técnicos (eliminando el nepotismo) y aplicar sanciones efectivas.
El Distrito Nacional es la prueba viviente de lo que ocurre cuando el concreto crece sin control. Si Santo Domingo Este sigue el mismo camino, enfrentaremos dos municipios colapsados.
El futuro de cientos de miles de familias está en juego. Es hora de exigir un modelo vertical pero ordenado, transparente y sostenible. Construir sin pensar, impulsado por corrupción, nepotismo y capitales opacos, no es progreso; es condenar a toda una generación a vivir en el caos. No permitamos que Santo Domingo Este multiplique el error.
